¿QUÉ CUBRE EL SEGURO DEL COCHE?

Todo propietario de un vehículo a motor está obligado a contratar y mantener en vigor una póliza de seguro que cubra la Responsabilidad Civil del conductor que se derive de los daños, tanto personales como materiales, ocasionados a terceras personas como consecuencia de un hecho de la circulación.
Esta obligación impuesta al propietario del vehículo contrasta con la designación del conductor como sujeto responsable. Es decir, aunque el propietario del vehículo sea el tomador del seguro, el sujeto asegurado es el conductor del mismo, porque lo que se cubre no es la responsabilidad del propietario, sino la del conductor.

El Seguro Obligatorio (SOA) cubre la responsabilidad civil del conductor frente a terceros, pero no los daños personales ni materiales que el conductor o su coche sufran cuando el conductor sea culpable de ese accidente.
El SOA no cubre los daños sufridos ni por el vehículo asegurado, ni por el conductor del mismo, pero sí lo hace con el resto de ocupantes, ya que éstos son “terceros”. Esto es lo que fija la Ley. Por ello, y aunque no es obligatorio, suele ser habitual contratar un seguro complementario específico para el conductor.
En el caso de que el vehículo hubiera sido robado y provocara un accidente, los daños personales y materiales producidos con motivo de su circulación serán indemnizados por el Consorcio de Compensación de Seguros quien, una vez identificado legalmente el culpable, podrá exigirle que asuma estos daños.

Seguro a Todo Riesgo. Realmente no hay un modelo estándar. Se llama “todo riesgo” porque además de los daños a terceros, cuyo seguro es obligatorio, incluye también los daños propios, es decir, el coche. Cada compañía tiene sus propios productos comerciales pero, en general, además de los daños producidos a nuestro coche, es habitual ofrecer algún complemento como asistencia mecánica, cobertura por la pérdida de puntos, asesoría y gestoría legal, acceso a otros seguros en condiciones preferentes…
En el mercado existen pólizas de todo tipo siendo posible contratar, a partir del seguro obligatorio, tantas coberturas complementarias como se necesiten.
Es importante conocer que si el vehículo dispone de alguna cobertura de daños propios, también quedará asegurado por el Consorcio de Compensación de Seguros en el caso de grandes catástrofes naturales, terrorismo…

Todo propietario de un vehículo a motor con estacionamiento habitual en España está obligado a contratar y mantener en vigor un contrato de seguro. Este seguro alcanzará la cuantía que se determine legalmente, a partir de las responsabilidades del conductor por las lesiones corporales o daños materiales que, con motivo de la circulación de su vehículo, pueda ocasionar a terceros.
Esta obligación legal se impone al propietario del vehículo, si bien se considera responsable a su conductor, de manera que es el conductor el sujeto asegurado.

El comprobante del cumplimiento de esta obligación legal de contratar y mantener en vigor un contrato de seguro solo se acredita con el recibo de la prima correspondiente al periodo de que se trate. Este comprobante deberá llevarse siempre en el vehículo, ya que puede ser requerido por la Guardia Civil.
Si nos lo requieren y no lo llevamos, nos sancionarán con una multa de 60,10 € y nos darán un plazo para presentarlo en las dependencias correspondientes.

El seguro obligatorio o de responsabilidad civil de suscripción obligatoria nos cubre en todo el territorio del espacio económico europeo, en los países adheridos al Convenio Multilateral de Garantía y en cualquier otro Estado que determine el Ministerio de Economía.
Para circular en los estados donde no exista convenio deberemos suscribir un seguro en la frontera, por lo que, cuando viajemos, es conveniente consultar a nuestra entidad aseguradora. También puede tratarse de estados adheridos al sistema de carta verde, que nos será facilitada por el asegurador.

El seguro obligatorio cubre el uso y hechos de la circulación de los vehículos a motor. Se considera uso y hechos de la circulación el uso en sí de un vehículo a motor, por ejemplo, abrir una puerta del vehículo y los hechos derivados del riesgo que crea la conducción de los vehículos a motor.
No se consideran hechos de la circulación los siguientes usos:
– Las pruebas deportivas con vehículos a motor en circuitos destinados al efecto.
– Los derivados de la realización de tareas industriales o agrícolas por vehículos a motor especialmente destinados a ello.
– La utilización de un vehículo a motor como instrumento para la comisión de delitos dolorosos contra personas y bienes.

Además de las sanciones penales, el incumplimiento de la obligación de asegurarse conlleva:
– La prohibición de circular por territorio nacional con el vehículo no asegurado.
– El depósito o precinto público o domiciliario del vehículo por el tiempo de un mes que, en caso de reincidencia, será de tres meses, y en el supuesto de quebrantamiento del depósito o precinto será de un año, y deberá demostrarse para levantar dicho depósito o precinto, que se dispone del seguro correspondiente.
Dicho depósito o precinto se ordenará, salvo que se justifique en el plazo de cinco días la existencia del seguro.
– La imposición de una multa de 601 a 3.005 euros, dependiendo de si el vehículo circulase o no, su categoría, el servicio que preste, la gravedad del perjuicio causado, la duración de la falta de aseguramiento y la reiteración de la misma infracción.

Miryam Moya
http://www.miryammoya-perito-judicial.com/

ELIGE LA VELOCIDAD Y ELEGIRAS LAS CONSECUENCIAS

Más del 40% de las colisiones fatales son causadas ​​por la velocidad excesiva o inadecuada.

Una diferencia 5 km/h de velocidad podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para un usuario vulnerable de la vía como un peatón:
– Atropellado por un coche a 60km / h, 9 de cada 10 peatones serán asesinados.
– Atropellado por un coche a 50km / h, 5 de cada 10 peatones serán asesinados.
– Atropellado por un coche a 30km / h, 1 de cada 10 peatones serán asesinados.
La velocidad ha sido identificada como un factor de riesgo clave en los accidentes de tránsito, que influyen tanto en el riesgo de un siniestro en carretera, así como en la gravedad de las lesiones que resultan del mismo.
El control de la velocidad del vehículo puede evitar que sucedan los siniestros en las carreteras y reducir el impacto cuando se producen, lo que reduce la gravedad de la de las lesiones sufridas por las víctimas.
Viajando a más de 60 km/h, a:
– 65 km/h, usted tiene el doble de probabilidades de tener un siniestro grave.
– 70 km/h, la probabilidad aumentará cuatro veces más.
– 75 km/h, son 10 veces más propensos a tener un accidente grave.
– 80 km/h, son 32 veces más propensos a tener un accidente grave que si conduce un vehículo a 60 km/h.
En las zonas rurales, viajando a 10 km/h por encima de la velocidad media del resto del tráfico, tiene el doble de probabilidades de tener un accidente grave.

Miryam Moya
Técnico en Conservación y Explotación de Carreteras.
Máster en Tráfico, Seguridad Vial y Movimiento.
Perito Judicial

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN

Cuando una persona sufre una lesión por caerse o tropezarse en la vía pública como consecuencia del mal estado o defectos en el mantenimiento de la vía, acera, en un paso de peatones, en la carretera, alcantarillado, baldosas sueltas, por la inexistencia de señalización de obras, marcas viales despintadas o no visibles de noche o ante la existencia de hundimientos, falta de iluminación nocturna, arquetas mal colocadas, caída de señales, falta de adoquines, desniveles, entre otros muchos defectos, debe saber que puede reclamar una indemnización.

Cuando una persona sufre una lesión por caerse o tropezarse en la vía pública como consecuencia del mal estado o defectos en el mantenimiento de la vía, acera, en un paso de peatones, en la carretera, alcantarillado, baldosas sueltas, por la inexistencia de señalización de obras, marcas viales despintadas o no visibles de noche o ante la existencia de hundimientos, falta de iluminación nocturna, arquetas mal colocadas, caída de señales, falta de adoquines, desniveles, entre otros muchos defectos, debe saber que puede reclamar una indemnización.

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Esta obligación de reparación por los organismos e instituciones públicas se denomina Responsabilidad Patrimonial de la Administración. Por tanto, es la obligación que tiene el Estado español de reparar o de responder por el daño causado por el funcionamiento de alguna de las administraciones. Esta responsabilidad patrimonial presupone la existencia de un daño que ha afectado al patrimonio de un sujeto y la existencia de un derecho o interés protegido.

Es muy frecuente hoy en día, que las vías públicas estén en condiciones deplorables para los viandantes que transitan en ellas. La administración responsable, generalmente el Ayuntamiento, es el titular de la vía pública dónde se ocasionan los daños.

Los supuestos por los cuales se origina la Responsabilidad Patrimonial de la Administración son los siguientes:

– Por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, artículo 106 CE:2 “los administrados tendrán derecho a ser indemnizados”. El daño se origina por el funcionamiento de un servicio público gestionado por la administración.
– Por actos legislativos.
– Por actuaciones judiciales, artículo 121 CE:2 error judicial, prisión preventiva, funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

Estos supuestos se caracterizan porque el sujeto causante sólo puede ser el poder ejecutivo, legislativo o judicial, y el sujeto pasivo siempre es la Administración.

En el supuesto que la entidad responsable sea una empresa privada que realice obras en la vía pública, el Ayuntamiento también sera responsable de forma solidaria de los daños ocasionados.

El daño debe ser, en primer lugar, antijurídico (artículo 141.1. de la Ley 30/92):3 se desplaza el concepto de culpa o negligencia, de forma que lo relevante para que haya responsabilidad es que el daño sea antijurídico (cuando el perjudicado no tiene obligación de soportarlo o cuando el riesgo causado por la utilización de un servicio ha superado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social). La Administración no responde en casos de fuerza mayor.

En segundo lugar, el daño debe ser efectivo: real y actual. Esto incluye bienes patrimoniales y daños personales (lesiones corporales y morales).

En tercer lugar, el daño tiene que ser evaluable económicamente: ha de ser susceptible de ser reconocido en indemnización pecuniaria o dineraria.

 

Fuente: es.wikipedia.org

Para reclamar la indemnización será imprescindible que haya pruebas del hecho ocurrido, como son las fotografías del lugar de la caída que reflejen el mal estado de la vía , el peligro que supone y la situación de la misma; testigos que lo hayan presenciado y realicen declaración jurada, informes médicos de las lesiones, atestado de la Policía Municipal si acudió al lugar de los hechos lo cual es bastante aconsejable. Cuantas más pruebas se acrediten mejor.

Para reclamar una indemnización lo más aconsejable es que cuente con el asesoramiento jurídico, desde el momento del accidente, de un abogado experto y especialista, en éste caso en responsabilidad civil, y de un perito judicial experto en la materia que realice un informe exhaustivo.

El plazo para reclamar su indemnización es de un año desde que se produjo el hecho. Si estos daños tienen carácter físico o psíquico, el plazo comienza a computarse desde que se produce la curación o desde el momento en el que se determine el alcance de las secuelas.

Por tanto, la Administración debe responder por todos los perjuicios que cause al administrado, siempre que no deban de ser asumidos por éste.

Miryam Moya

https://about.me/miryammoya