VILADECANS: LA DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE PUEDE INDUCIR AL ERROR

Usted probablemente ha visto algunas señales que identifican dónde están las rutas principales, pero están tan desordenadas, que elegir qué camino seguir es como decidir si se debe elegir entre el cable rojo o azul que desactive la bomba. Todo lo que puede hacer es adivinar.

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Ley por definición significa un conjunto de reglas que son prescritas por una autoridad dada con el objetivo de mantener la ley, el orden y la paz en la sociedad.

Situémonos en Viladecans (Barcelona), y apreciemos una decisión vial fruto de la inexperiencia y de la básica formación en este campo. Puedo suponer desde mi buena fe, que lo que han pretendido señalizar con esa marca vial en forma de sinuosa flecha, es la presencia de una rotonda en la cual los vehículos podrán girar hacia la izquierda.

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Pues bien, el usuario de a pie que simplemente conoce las normas en la medida que se le facilitan en la preparación del carné de conducir, que piensan los responsables que estos usuarios entenderán con esta marca vial?

Flecha junto a sendas líneas continuas, cuyo significado es el de no traspasar, al uso, es un muro o una pared. Sinceramente, creen que en pocos segundos el usuario de la vía comprenderá esta innovación no carente de creatividad? 

Conducir no siempre es una tarea sencilla. Los conductores a menudo se confunden, los símbolos a veces distraen, y por ende la deficiente infraestructura vial puede inducir al error.

Idealmente, suponemos que un signo aclara una condición de la carretera, ya sea para avisarle de un giro brusco, una zona de construcción o un animal salvaje que pueda cruzar su camino. Pero algunas señales de tráfico nublan el juicio en vez de dar una imagen clara. De hecho, usted puede tener sus propias historias girando alrededor de una señal de tráfico que le dejó desconcertado, irrisorio o molesto.

Algunos signos son difíciles de leer no por lo que está escrito en ellos, sino por cómo están dispuestos. Y las señales de tráfico confusas contienen direcciones opuestas, que por alguna razón, generalmente son las que señalan direcciones. Usted probablemente ha visto algunas señales que identifican dónde están las rutas principales, pero están tan desordenadas, que elegir qué camino seguir es como decidir si se debe elegir entre el cable rojo o azul que desactive la bomba. Todo lo que puede hacer es adivinar.

Al usuario le digo que a lo largo de su carrera cómo conductor, se va a encontrar bastantes señales que tienen poco o ningún sentido. Parecerán más ilustraciones infantiles, símbolos oscuros o frases escritas por una persona que había bebido demasiado. Piense que muchas señales de tráfico son sólo el subproducto de funcionarios -viales- que estaban demasiado ocupados (o demasiado perezosos) para pensar en la naturaleza arbitraria de los símbolos y las palabras o símbolos que utilizaron. Afortunadamente, descubrir lo que significan no requiere ciencia compleja. Así que si usted encuentra una señal de tráfico extraña aquí o en otro país, relajese sabiendo que no tiene que arruinar su día o su viaje. Pregunte acerca de su significado, tome fotos e intentaremos reírnos de ello más tarde.

 

El síndrome del caos es una disminución crónica de la capacidad del sistema político para la auto-organización. Comienza con el debilitamiento de las instituciones y los partidos políticos, políticos de carrera y líderes, que históricamente han responsabilizado a los políticos entre sí y han impedido que todos en el sistema persiguieran desnudos intereses propios todo el tiempo. A medida que la influencia de estos intermediarios se desvanece, los políticos, los activistas y los votantes se vuelven cada vez más individualistas e irresponsables. El caos se convierte en lo nuevo normal, tanto en las campañas como en el propio gobierno, y esto es lo que he podido apreciar en las últimas intervenciones realizadas por el Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona), que sinceramente me han dejado atónita, después de aportarme la información al completo Fran Marín @marin_fj.

El teniente alcalde, Jordi Mazón, afirma sin despeinarse durante el último Pleno celebrado, que el Reglamento General de la Circulación NO es de obligado cumplimiento en vía urbana, ya que obedecen a sus propias Ordenanzas Municipales. Lo que estamos viendo no es un espasmo temporal de caos, sino un síndrome del caos en toda regla. 

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No puedo creer que con tanto título sea capaz de afirmar tal barbaridad sin sentido. Tampoco puedo comprender que cómo habiendo tantos profesionales de la señalización y de la seguridad vial, la persona encargada de realizar estas tareas sea Físico, lo que por otro lado explica semejante aberración, y dudo que ni tan siquiera se haya leído el RGC. 

 

 

 

Las leyes, las ordenanzas y los mandatos son muy importantes para que una sociedad logre el orden, la justicia y la seguridad. En el lugar donde las leyes no existen, la inseguridad y el caos son la norma. 

 

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Por ello deben saber que ni las Ordenanzas Municipales,ni los Reglamentos locales,contendrán preceptos opuestos a las leyes o disposiciones generales. No inventen cuando lo que deberían hacer es formarse e informarse, y así no añadirán más peligro al hecho de conducir.

Miryam Moya

MULTA EN ZONA AZUL

Las infracciones de la zona azul no son multas sino denuncias efectuadas por los trabajadores encargados de estas áreas.

Fuente: andaluciainformacion.es

En el caso de no poner el ticket en zona azul o haber transcurrido el tiempo de su validez sin poner otro, el documento que encontramos en el vehículo cuando vamos a recogerlo, no es una multa sino una denuncia efectuada por alguien, en la que se nos imputa el haber cometido una determinada infracción (aparcar el vehículo en zona de estacionamiento limitado sin poner el ticket). Por lo tanto, no tendríamos qué pagar nada, únicamente nos están denunciando no sancionando.

Las empresas dedicadas a ello están en su pleno derecho de denunciar a un conductor que ha estacionado su vehículo fuera de hora en las zonas designadas para este efecto. En este tipo de multas, ya emitidas por la Administración por un instructor, aparece el denunciante en este caso, la empresa dedicada a regular las zonas de aparcamiento. Otra cosa sería que en dicha denuncia la cual se nos notifica, incluya el número de identificación de un agente de policía. Eso sería denunciable por fraude, pero hay que tener en cuenta que esto es más mito que otra cosa, ya que no ocurre.

Nada tiene que ver pagar el impuesto de circulación con aparcar en las zonas reguladas. Los ayuntamientos deciden regular el aparcamiento en ciertas zonas de la ciudad, normalmente el centro de la misma, y esto lo regula una empresa privada, pero el hecho de que abonemos dicho gravamen no nos exime de pagar por aparcar en estas zonas.

Es cierto que los agentes de policía, sobre el resto de individuos, gozan de presunción de veracidad ante un hecho porque se entiende que son objetivos. Por ello, una multa de aparcamiento impuesta por un agente proviene de una autoridad sancionadora. En el caso de las empresas de estacionamiento regulado, éstas no disfrutan de dicha autoridad: son meros denunciantes y respecto al conductor están en igualdad de condiciones ante la Ley.

Esto quiere decir que si recurrimos este tipo de multas siempre estaremos en igualdad de condiciones ante la autoridad, ya que es nuestra palabra contra la suya, y lo que no puede hacer el Ayuntamiento es otorgar de forma automática a estas empresas la presunción de veracidad. Algo que sí se está haciendo por parte de las administraciones.

Es ahí donde un conductor denunciado por pasarse de hora está en pleno derecho de solicitar pruebas al denunciante de que ha cometido una infracción  y, a su vez, de mostrar pruebas que desmientan la denuncia. Es decir, los ayuntamientos deberían analizar cada caso para este tipo de denuncias.

Miryam Moya 
Técnico en Conservación y Explotación de Carreteras.
Máster en Tráfico, Seguridad Vial y Movimiento.
Perito Judicial.
http://www.miryammoya-perito-judicial.com/

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN

Cuando una persona sufre una lesión por caerse o tropezarse en la vía pública como consecuencia del mal estado o defectos en el mantenimiento de la vía, acera, en un paso de peatones, en la carretera, alcantarillado, baldosas sueltas, por la inexistencia de señalización de obras, marcas viales despintadas o no visibles de noche o ante la existencia de hundimientos, falta de iluminación nocturna, arquetas mal colocadas, caída de señales, falta de adoquines, desniveles, entre otros muchos defectos, debe saber que puede reclamar una indemnización.

Cuando una persona sufre una lesión por caerse o tropezarse en la vía pública como consecuencia del mal estado o defectos en el mantenimiento de la vía, acera, en un paso de peatones, en la carretera, alcantarillado, baldosas sueltas, por la inexistencia de señalización de obras, marcas viales despintadas o no visibles de noche o ante la existencia de hundimientos, falta de iluminación nocturna, arquetas mal colocadas, caída de señales, falta de adoquines, desniveles, entre otros muchos defectos, debe saber que puede reclamar una indemnización.

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Esta obligación de reparación por los organismos e instituciones públicas se denomina Responsabilidad Patrimonial de la Administración. Por tanto, es la obligación que tiene el Estado español de reparar o de responder por el daño causado por el funcionamiento de alguna de las administraciones. Esta responsabilidad patrimonial presupone la existencia de un daño que ha afectado al patrimonio de un sujeto y la existencia de un derecho o interés protegido.

Es muy frecuente hoy en día, que las vías públicas estén en condiciones deplorables para los viandantes que transitan en ellas. La administración responsable, generalmente el Ayuntamiento, es el titular de la vía pública dónde se ocasionan los daños.

Los supuestos por los cuales se origina la Responsabilidad Patrimonial de la Administración son los siguientes:

– Por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, artículo 106 CE:2 “los administrados tendrán derecho a ser indemnizados”. El daño se origina por el funcionamiento de un servicio público gestionado por la administración.
– Por actos legislativos.
– Por actuaciones judiciales, artículo 121 CE:2 error judicial, prisión preventiva, funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

Estos supuestos se caracterizan porque el sujeto causante sólo puede ser el poder ejecutivo, legislativo o judicial, y el sujeto pasivo siempre es la Administración.

En el supuesto que la entidad responsable sea una empresa privada que realice obras en la vía pública, el Ayuntamiento también sera responsable de forma solidaria de los daños ocasionados.

El daño debe ser, en primer lugar, antijurídico (artículo 141.1. de la Ley 30/92):3 se desplaza el concepto de culpa o negligencia, de forma que lo relevante para que haya responsabilidad es que el daño sea antijurídico (cuando el perjudicado no tiene obligación de soportarlo o cuando el riesgo causado por la utilización de un servicio ha superado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social). La Administración no responde en casos de fuerza mayor.

En segundo lugar, el daño debe ser efectivo: real y actual. Esto incluye bienes patrimoniales y daños personales (lesiones corporales y morales).

En tercer lugar, el daño tiene que ser evaluable económicamente: ha de ser susceptible de ser reconocido en indemnización pecuniaria o dineraria.

 

Fuente: es.wikipedia.org

Para reclamar la indemnización será imprescindible que haya pruebas del hecho ocurrido, como son las fotografías del lugar de la caída que reflejen el mal estado de la vía , el peligro que supone y la situación de la misma; testigos que lo hayan presenciado y realicen declaración jurada, informes médicos de las lesiones, atestado de la Policía Municipal si acudió al lugar de los hechos lo cual es bastante aconsejable. Cuantas más pruebas se acrediten mejor.

Para reclamar una indemnización lo más aconsejable es que cuente con el asesoramiento jurídico, desde el momento del accidente, de un abogado experto y especialista, en éste caso en responsabilidad civil, y de un perito judicial experto en la materia que realice un informe exhaustivo.

El plazo para reclamar su indemnización es de un año desde que se produjo el hecho. Si estos daños tienen carácter físico o psíquico, el plazo comienza a computarse desde que se produce la curación o desde el momento en el que se determine el alcance de las secuelas.

Por tanto, la Administración debe responder por todos los perjuicios que cause al administrado, siempre que no deban de ser asumidos por éste.

Miryam Moya

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